Joel Reyes
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), históricamente vinculada a proyectos de cooperación en América Latina, ha desatado un intenso debate en República Dominicana. Sus programas, enfocados en temas migratorios y de gobernabilidad, son criticados por sectores que los interpretan como injerencia extranjera. Este artículo analiza cómo el financiamiento a comunicadores y la focalización en la cuestión haitiana han exacerbado tensiones sociales y políticas, cuestionando la soberanía nacional y la imparcialidad mediática.
Dentro del contexto histórico, la USAID nació bajo un ambiente de la Guerra Fría. La USAID ha operado como un brazo estratégico de la política exterior estadounidense. En el Caribe, sus programas suelen vincularse a agendas de seguridad y estabilidad regional. En República Dominicana, su presencia se intensificó en las últimas décadas, especialmente en proyectos relacionados con migración, derechos humanos y fortalecimiento institucional.
En estos últimos años la cuestión Haitiana, se a convertido en un tema sensible para algunos sectores, la migración haitiana hacia República Dominicana es un fenómeno complejo, arraigado en desigualdades históricas y económicas. Mientras organizaciones internacionales exigen políticas más inclusivas, sectores dominicanos perciben estas presiones como una amenaza a la identidad nacional. La USAID, al financiar proyectos vinculados a esta población, se sitúa en el centro de la controversia.
El financiamiento a comunicadores locales, ¿representa una influencia o cooperación al país?, entre 2020 y 2023, la USAID destinó más de $2 millones a contratar comunicadores y periodistas locales para “promover mensajes de cohesión social”. Sin embargo, críticos denuncian que estos fondos buscan sesgar la narrativa pública, especialmente en temas migratorios, silenciando posturas nacionalistas.
Los “Medios Comprados representan el desafío más claro, investigaciones periodísticas revelaron contratos específicos con figuras mediáticas influyentes. Por ejemplo, el comunicador Alexéi Tellerías admitió en 2022 recibir fondos de la USAID para producir contenido sobre “xenofobia”. Esto generó acusaciones de que la agencia estadounidense instrumentaliza a los medios para imponer una agenda pro-Haití. Los partidos políticos forman parte clara dentro de estos conflictos sociopolíticos, podemos mencionar algunos tales como: La Fuerza del Pueblo (FP) y el PRM han polarizado el debate. Mientras algunos legisladores exigen auditorías a los fondos de la USAID, otros defienden su labor como “esencial para la democracia”. La polarización refleja una lucha entre la defensa de la soberanía y el alineamiento con estándares globales.
Si se pusiera en juego la soberanía vs globalización de organismos internacionales, como es el caso de la USAID en República Dominicana expone la tensión entre la autodeterminación y las presiones globalitas. Mientras la agencia insiste en su rol humanitario, su historial sugiere que el desarrollo no puede imponerse desde fuera. La solución radica en un diálogo transparente, donde las prioridades locales —no los intereses foráneos— dirijan la cooperación internacional. Solo así se evitará que el conflicto actual derive en una crisis irreversible de identidad y gobernabilidad.
Considerando que ningún país puede permitir que su soberanía sea mercantilizada bajo el disfraz de la ayuda internacional. República Dominicana, como nación con historia y voz propia, debe exigir que su derecho a definir políticas migratorias y mediáticas sea respetado, sin condicionamientos ni paternalismos. El verdadero desarrollo solo emerge desde adentro.
Elsa Báez
