Sala de Redacción
Por Pedro Ovalles
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.” (Nelson Mandela)
El maestro dominicano atraviesa uno de los momentos más complejos, tensos y contradictorios de su historia profesional contemporánea. Mientras el discurso oficial insiste en colocar la educación como eje transversal del desarrollo nacional y fundamento del progreso democrático, en la práctica el docente experimenta una sensación creciente de vulnerabilidad institucional y fragilidad social. Se le exige excelencia académica, resultados medibles, innovación constante, dominio tecnológico, formación en valores y contención emocional de sus estudiantes; sin embargo, no siempre recibe el respaldo jurídico, moral y estructural necesario para cumplir con tan altas expectativas. Esta brecha entre lo que se demanda y lo que se garantiza ha generado un profundo malestar en el magisterio, que percibe cómo su autoridad pedagógica se diluye y su figura pública se debilita.
En los últimos años se han implementado diversos instrumentos de regulación disciplinaria y protocolos de actuación dentro de los centros educativos. Asimismo, la Ley 136-03, concebida para proteger integralmente los derechos de niños, niñas y adolescentes, ha sido aplicada como marco rector de múltiples decisiones escolares. No obstante, una parte significativa del cuerpo docente entiende que tales normativas fueron elaboradas y ajustadas sin una participación amplia, deliberativa y representativa del magisterio. La ausencia de una consulta profunda ha producido la percepción de que las reglas del juego cambiaron sin tomar en cuenta a quienes sostienen cotidianamente la dinámica del aula, generando inseguridad y desconcierto en el ejercicio profesional.
Resulta especialmente preocupante que algunos reglamentos disciplinarios, en su aplicación práctica, hayan terminado debilitando la autoridad legítima del docente. En ocasiones, cualquier llamado de atención, corrección conductual o medida formativa puede ser interpretado como una vulneración de derechos, aun cuando esté orientado al bien común del grupo y al aprendizaje responsable. Esta situación ha instaurado un clima de temor preventivo: muchos maestros se sienten observados, evaluados y potencialmente denunciados por acciones que, en otro contexto, serían consideradas parte natural de su función orientadora. La consecuencia directa es una pedagogía cautelosa, limitada y, en ciertos casos, paralizada por el miedo.
Las agresiones contra maestros y personal administrativo han aumentado en visibilidad y repercusión social. No se trata únicamente de episodios aislados, sino de manifestaciones que revelan una crisis más amplia en la cultura del respeto. Las agresiones verbales, los cuestionamientos públicos en redes sociales, las amenazas veladas y, en situaciones más graves, los enfrentamientos físicos, configuran un escenario inquietante. La escuela, concebida históricamente como espacio de formación ética y convivencia civilizada, corre el riesgo de convertirse en terreno de confrontación y deslegitimación de la figura docente.
En múltiples conflictos escolares, la intervención de algunos padres o tutores, lejos de contribuir a la mediación serena y dialogante, ha intensificado la tensión. En vez de investigar los hechos con prudencia y escuchar ambas partes, se adopta con frecuencia una postura de acusación inmediata contra el maestro. Este fenómeno no puede desligarse de una cultura social más amplia, donde la autoridad es cuestionada sistemáticamente y donde prevalece la lógica de la sospecha sobre la del diálogo.
La relación escuela-familia, que debería fundamentarse en la corresponsabilidad educativa, se ve así fracturada por la desconfianza y la confrontación.
Paralelamente, el discurso público tiende a atribuir al docente la mayor parte de las deficiencias del sistema educativo. Se le responsabiliza por los bajos resultados en evaluaciones nacionales e internacionales, por la falta de disciplina estudiantil y por la escasa motivación académica, como si todos estos factores dependieran exclusivamente de su desempeño individual. Sin embargo, como advierte Paulo Freire, la educación es un proceso profundamente social y dialógico: “Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo; los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo” (Pedagogía del oprimido, 1970).
La calidad educativa es resultado de múltiples variables estructurales, culturales y económicas que trascienden la acción aislada del maestro. La autoridad pedagógica no debe confundirse con autoritarismo. El docente necesita herramientas claras para organizar el aula, establecer límites razonables y fomentar el respeto mutuo sin que ello implique vulnerar derechos fundamentales. Como señalaba José Ortega y Gasset, enseñar implica una misión trascendente que supera la simple transmisión de contenidos (Misión de la Universidad, 1930). Para que esa misión se cumpla, es indispensable que exista un reconocimiento social del rol docente y una comprensión equilibrada de sus responsabilidades y atribuciones.
Una sociedad que degrada a sus maestros está, en realidad, debilitando sus propios cimientos culturales. El desprestigio sistemático del magisterio envía un mensaje desalentador a las nuevas generaciones: que educar no es una tarea honorable, que enseñar no es una vocación respetable y que la figura del maestro puede ser cuestionada sin fundamentos sólidos. Las naciones que han logrado altos niveles de desarrollo humano han invertido no solo recursos económicos en educación, sino también prestigio simbólico y reconocimiento social en sus docentes.
El maestro no es un simple ejecutor de políticas ni un funcionario subordinado a estadísticas. Es formador de conciencia crítica, promotor de valores democráticos y constructor silencioso del tejido social. Cada clase impartida, cada orientación brindada y cada palabra de aliento contribuyen a modelar el carácter de quienes, en el futuro, dirigirán las instituciones públicas y privadas del país. Minimizar esta dimensión trascendente del magisterio es desconocer el impacto real que tiene la escuela en la configuración moral de la nación.
Por ello, resulta imprescindible replantear el equilibrio entre derechos y deberes dentro del sistema educativo dominicano. La protección integral del estudiante debe ir acompañada de garantías efectivas para el docente. No puede existir convivencia escolar auténtica si una de las partes se siente permanentemente vulnerable. El Estado, las familias y la comunidad educativa deben asumir compromisos claros y compartidos que fortalezcan, y no debiliten, la autoridad pedagógica legítima.
Se impone también la necesidad de transformar el discurso público sobre el magisterio. La crítica responsable es necesaria para mejorar; la descalificación indiscriminada, en cambio, erosiona la confianza social. Reivindicar la figura del maestro implica reconocer su esfuerzo cotidiano, su vocación de servicio y su papel insustituible en la construcción del porvenir colectivo. La dignidad docente no puede depender de coyunturas políticas ni de narrativas mediáticas cambiantes.
En una sociedad que desprecia al maestro se encamina peligrosamente hacia su propia decadencia institucional y cultural. La historia universal demuestra que los pueblos que han alcanzado estabilidad democrática, crecimiento económico sostenido y cohesión social duradera han tenido como denominador común el respeto profundo hacia sus educadores. Cuando el maestro se siente respaldado por el Estado, comprendido por las familias y valorado por la comunidad, su labor se potencia y su compromiso se fortalece. Pero cuando se le coloca bajo sospecha constante, se le desautoriza públicamente o se le responsabiliza en solitario de fallas estructurales, se debilita el sistema educativo en su conjunto.
Reivindicar al maestro dominicano no significa ignorar la necesidad de mejora continua ni cerrar los ojos ante posibles deficiencias individuales; significa, más bien, comprender que sin un magisterio fuerte, protegido y respetado no puede existir un proyecto nacional sólido. La defensa de la dignidad docente es, en última instancia, la defensa del futuro del país. Una nación que honra a sus maestros honra su memoria histórica y proyecta su esperanza; una que los degrada compromete su destino y arriesga su estabilidad moral.
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